Hacia una reforma local consensuada

CUÁNTAS veces hemos escuchado que en este país todas las administraciones públicas hacen y deciden de todo? A estas alturas a nadie se le escapa ya el debate de la duplicidad y triplicidad de prestación de servicios en todos los ámbitos territoriales. Fue en septiembre de 2007 cuando el entonces presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, solicitó a la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex) la creación de una comisión de trabajo de carácter paritario para hablar de las competencias y los servicios que se prestan en los pueblos y ciudades de nuestra región, bajo el principio de ‘una administración, una competencia’. En ese momento se abrió un período de diálogo entre el mundo local y la administración autonómica, en un tiempo en que había culminado el proceso de configuración institucional regional en el que podíamos presumir de algunos logros, como no haber llegado al extremo de cerrar ningún pueblo o evitar que ningún ciudadano tuviera más o menos derechos/obligaciones según su lugar de residencia. Y así fue hasta que, el 12 de febrero de 2010, una vez consensuado en el seno de la Fempex por las cuatro fuerzas políticas allí representadas –PSOE, PP, IU y Prex-Crex–, se firmó la Declaración del Pacto Local Extremeño, reconociéndose por parte de la administración autonómica una serie de principios básicos y fundamentales para el ámbito municipal como la capacidad de gestión, eficacia, eficiencia y suficiencia financiera y, entre otras cuestiones, se fijó una serie de materias en las que trabajar para ese primer paquete de intercambio de competencias en materia de servicios sociales, bibliotecas, archivos, gestión cultural, educación, conservatorios de música, deportes, defensa de los consumidores, ciclo del agua, carreteras, etc., lográndose importantes avances y acuerdos que por unos u otros motivos han caído en el cajón del olvido y de la desidia.
Es obvio que una administración como la local, que cuenta con leyes y decretos vigentes del año 1955 (como el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales) y que se rige, entre otras normas, por la Ley de Bases de Régimen Local o la Carta Europea de Autonomía Local de 1985, y que además dedica un 30% de su presupuesto a pagar servicios que corresponde prestar a otras administraciones, necesita una reforma bastante profunda. Ahora es más necesaria que nunca la clarificación competencial y la homogeneización administrativa, desde la lealtad institucional y el sentido común, en la búsqueda de la mayor eficacia y eficiencia para que no sea el ciudadano de a pie el gran perjudicado de todo este proceso sobrevenido por la coyuntura socioeconómica sin precedentes en que nos hallamos.
En España los ayuntamientos siguen siendo los hermanos pobres del resto de administraciones que configuran el poder y competencias territoriales. El antiguo debate de los municipalistas sobre la insuficiencia financiera ha pasado de estar en un tercer plano a ser actualidad, y somos los municipalistas quienes no debemos dejar pasar nuestra oportunidad de plasmar negro sobre blanco todo aquello que nos preocupa, no para exigir más recursos económicos, sino para exigir que lo que hacemos esté suficientemente financiado, renunciando a nuestra teoría de máximos de querer acaparar competencias –en muchos casos con fines electorales–, pero luchando por demostrar que en el mundo local siempre hemos aplicado la teoría, ahora de moda, de «hacer más con menos» y, por supuesto, aclarando que nuestro endeudamiento ha venido provocado por esa insuficiencia financiera en la prestación de servicios impropios y no por las manidas teorías de gastos superfluos y sobredimensionadas inversiones. Recuerdo la expresión aquella de que «los alcaldes hacemos lo que debemos, aunque debamos lo que hacemos», y aunque ahora ese ‘debemos’ se nos ha vuelto en contra, detrás de él están la atención a la infancia, mayores, educación, sanidad, viviendas, etc. Todo lo demás son puras excepciones a la regla que hacen flaco favor al municipalismo en general y que aunque en los medios de comunicación hoy acumulan muchas páginas y portadas, no son el ejemplo a mostrar de gestión local en un tiempo en que se necesitan optimizar unos recursos ínfimos en condiciones extraordinarias.
Estamos, por tanto, ante una encrucijada histórica ante la que no cabe la indiferencia y que deberá resolverse lo antes posible con el máximo consenso entre todos los partidos políticos, debiendo fijarse como prioridad la clarificación del marco competencial del Estado, las comunidades autónomas y las administraciones locales bajo los mencionados criterios de eficacia y eficiencia. No debemos basar la reforma en principios populistas y cortoplacistas como el de la reducción del número de concejales –que en su gran mayoría no cobran ni por asistencia a órganos colegiados– o la desaparición de mancomunidades, invadiendo claramente la autonomía local y su autogestión; tampoco se puede pretender un control vertical de calidad de servicios otorgando a secretarios e interventores un poder omnímodo y cuasi inquisidor sólo equiparable al que ejercían en los ayuntamientos de la dictadura. Cuestión aparte es el establecimiento del sueldo de los alcaldes por ley, no por recomendación de máximos, sino por tablas de obligado cumplimiento, o la ampliación y reforzamiento de mecanismos que articulen la participación democrática y social de la ciudadanía en los asuntos municipales, una ciudadanía cada vez más crítica y participativa que se resiste a ser mera espectadora de lo que ocurre en su entorno más inmediato.
En definitiva, debemos centrar la reforma local sobre la sólida base del consenso y esa clarificación competencial. Y quienes creemos firmemente en el municipalismo somos los primeros interesados en que este proceso salga bien, por lo que en Extremadura podíamos dar ejemplo y retomar todo lo avanzado en los últimos años en esta materia en vez de seguir cambiando el nombre de las cosas para llegar al mismo sitio, de vender humo bajo el manto de grandes estrategias de marketing para impedir que las ramas nos dejen ver el bosque.